Se trata de una decisión lógica si tenemos en cuenta que nuestro país vive cierta inseguridad jurídica, a la espera de que se apruebe el real decreto sobre autoconsumo que el Gobierno lleva varios meses tramitando el borrador. Los opositores a este borrador señalan como principales causas el hecho de que se aplique una tasa a aquellos que opten por el autoconsumo pero no se desconecten de la red eléctrica (lo que supone la mayoría de ellos), así como la complejidad burocrática a la que tendrán que hacer frente los que quieran instalar placas fotovoltaicas o generadores de otro tipo en su vivienda.

Ante esta situación de indeterminación, los grandes fabricantes de baterías pensadas para uso doméstico están ignorando por el momento a nuestro país en sus planes de expansión por Europa.